Torturas e indulto

El estado de derecho se debe distinguir por la transparencia judicial y punitiva. Los miembros del aparato del estado deben distinguirse más si cabe en el cumplimiento de la ley. En especial los miembros de las distintas policías. Por ello se deben castigar sus delitos con mayor dureza que si de ciudadanos de a pie se tratase. El delito de torturas es uno de los más graves que puede cometer un policía -precisamente su excepcionalidad y su castigo marcan la diferencia entre democracia y dictadura- y debe ser condenado con todas las de la ley.

Solicitar un indulto queda dentro de la ley según los supuestos que esta contemple; pero que, ante un caso así, sea el propio gobierno quien lo solicite, además de grosero e inoportuno resulta de poca eficacia democrática.

¿Qué confianza puede tener un pueblo si quienes están para servir al pueblo, se sirven de las leyes para su beneficio? ¿Cómo un pueblo va creer en su policía, si miembros de ella condenados por los jueces son perdonados por el gobierno y se van de rositas? ¿Cómo se va a tener fe en la justicia, si su labor la deshace el gobierno? ¿Cómo respetar un gobierno, si su brazo armado no responde de sus actos cuando estos son viles e ilegales?

En definitiva, ¿cómo el pueblo español puede creer, tener fe, confianza, respetar las instituciones si éstas se autoprotegen mutuamente?

Principio básico de toda democracia es la división de poderes y... ya comenzamos a ver suma y no división. ¡Dejemos a los jueces trabajar para que la democracia no se tambalee! La democracia puede estar en peligro, pero este no viene de la calle, de las protestas ciudadanas que sólo buscan avanzar en derechos o, al menos no retroceder. El peligro viene de los poderes del estado cuando no cumplen su cometido según las normas democráticas más elementales.

Debemos volver al espíritu, no ya de 1978 sino de 1789 si no queremos ver en un futuro próximo él de 1936-39-1975.


Escrito a propósito del indulto del gobierno a los cuatro mossos d'escuadra condenados por torturas. Para leer sobre la noticia: diario El País, diario Público.

Para leer sobre la reacción de 200 jueces que lo califican de fraude: Lexnews. diario Abc.