¡COMPROMETIDO!

Como si la defensa de la Infanta y ella misma hubiesen leído mis dos artículos anteriores sobre su imputación y, más aún, tenido en cuenta las opiniones que vierto en ellos, han decidido no recurrir y presentarse a declarar ante el juez y vendernos la idea de que lo hace voluntariamente con el fin de defender su inocencia. Naturalmente que la Infanta defiende su inocencia, ¡tiene derecho! Cualquiera de nosotros, ciudadanos de a pie, haríamos lo mismo de estar en su situación. ¡Ah…!, que jamás podríamos estar en su situación por varios motivos: N uestras posibilidades de un negocio ilícito de la envergadura de lo que se juzga en el caso Noos/Urdangarín son más bien nulas.  Q ue desde ciertas alturas del aparato del estado se esfuercen por evitar el proceso sería punto menos que imposible. Seríamos juzgados sin contemplaciones. En algo en que sí coincidiríamos la Infanta y el resto de la ciudadanía, sería en la obligatoriedad de acudir a declarar ante el juez cuand...

En mi anterior escrito  (ver)  de 15-12-13  sobre este mismo tema explicaba “la debilidad del sistema judicial español”, “las reservas existentes a procesar a un miembro de la Casa Real” , las prerrogativas que la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 412.1 otorgan al Rey y su familia y, por supuesto, mi disconformidad con todo ello. Vaya por delante que a la Infanta le asiste el derecho a la presunción de inocencia y no seré yo quien lo conculque, pero esta nueva imputación afianza en la opinión pública española e internacional la sensación de que es culpable, a pesar de que es un tribunal de justicia quien debería aseverarlo. Por ello resulta conveniente que la Infanta se vea sometida a un proceso judicial, como si de un ciudadano de a pie se tratase. También explicaba en el artículo que: “En una democracia moderna la aplicación de la justicia debe darse con seriedad y sin exclusiones, y con las garantías procesales imprescindibles pa...

Los españoles llevamos largo tiempo asistiendo al lamentable espectáculo que nos ofrece la presunta implicación de la Infanta Cristina en actividades delictivas junto a su marido. Así como parece que Iñaki Urdangarín sí va a ser procesado, la Infanta hasta ahora ha logrado eludir la cita con la justicia. El juez que lleva el caso sigue investigando y poniendo su empeño en sentarla en el banquillo. Mientras tanto, el Fiscal General del Estado sale en continuo auxilio de la Infanta alegando la falta de pruebas. La insólita situación pone de manifiesto la debilidad del sistema judicial español por cuanto al Fiscal General lo nombra el propio Rey a propuesta del Gobierno, con el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (cuyos miembros son elegidos por el poder legislativo) y la valoración de la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. La figura del Fiscal General se encuentra viciada por el origen político y partidista de su nombramiento. Las reservas existe...