La imputación de la Infanta Cristina II

En mi anterior escrito (ver) de 15-12-13  sobre este mismo tema explicaba “la debilidad del sistema judicial español”, “las reservas existentes a procesar a un miembro de la Casa Real”, las prerrogativas que la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 412.1 otorgan al Rey y su familia y, por supuesto, mi disconformidad con todo ello.

Vaya por delante que a la Infanta le asiste el derecho a la presunción de inocencia y no seré yo quien lo conculque, pero esta nueva imputación afianza en la opinión pública española e internacional la sensación de que es culpable, a pesar de que es un tribunal de justicia quien debería aseverarlo. Por ello resulta conveniente que la Infanta se vea sometida a un proceso judicial, como si de un ciudadano de a pie se tratase.

También explicaba en el artículo que: “En una democracia moderna la aplicación de la justicia debe darse con seriedad y sin exclusiones, y con las garantías procesales imprescindibles para el buen funcionamiento de la misma; de modo que todo delito probado sea castigado con todo el peso de la ley, así como todo inocente sea absuelto; independientemente de los apellidos, del cargo o del título ostentado”.

La institución monárquica se encuentra en sus momentos más bajos desde los albores de la democracia. El pueblo español puede asumir los escándalos de los políticos con cierta resignación, pero que la hija del Rey sea acusada de varios delitos es algo difícil de digerir como lo sería también que no llegara a producirse el proceso y el esclarecimiento de su culpabilidad o inocencia. No son de recibo las graves sombras que planean sobre el curriculum de quien ocupa el puesto número siete en la línea de sucesión al trono. Asimismo, las sospechas que desde ciertos sectores se alientan sobre la implicación del propio Rey deberían quedar totalmente aclaradas. No puede ser que una nación tenga dudas sobre la honestidad de sus máximos representantes.

“La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración” expresa en su artículo XV la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, una de las fuentes de inspiración de las democracias actuales. Porque, recordaremos que la dignidad de la representación emana de la ciudadanía y es a esta a quien le corresponde su gestión: proclamando o deponiendo a las personas que deben ostentarla.

El 7-1-14 la infanta ha sido imputada por el juez Castro. Ver noticia:
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